SOBRE ACTUAL SITUACIÓN EN LA
ZONA FRONTERIZA COLOMBO/VENEZOLANA
“…He visto la aflicción de
mi pueblo y he oído su clamor” Éxodo 3,7
Alto a los atropellos en las
deportaciones. Los derechos humanos son los mismos para todos.
1.- La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia
Episcopal de Venezuela, atenta a todo lo que tiene que ver con los derechos
humanos, se encuentra profundamente preocupada por diversas denuncias sobre
graves violaciones a los derechos humanos en el marco del Decreto de suspensión
de garantías constitucionales en varios municipios de la frontera, pues es una
situación que afecta a todos los que vivimos en Venezuela, dado que es inmensa
la presencia de colombianos en nuestra tierra, y son más los vínculos de
fraternidad y cooperación existentes. Más allá de diferencias o de situaciones
irregulares, priva el respeto a la vida y a un trato cordial. No se puede
estigmatizar a todo un colectivo de presuntos delitos sin el debido proceso y
el derecho a la defensa.
2.-La Comisión ha estado monitoreando y recabando
información sobre los acontecimientos que se han registrado en la frontera
colombo/venezolana en los últimos días, y ante las graves denuncias sobre
masivas deportaciones de ciudadanos de nacionalidad colombiana, que sin ningún
tipo de procedimiento previo, no se les ha garantizado un debido proceso
establecido en nuestra Constitución y en tratados internacionales de Derechos
Humanos debidamente suscritos y ratificados por Venezuela. 3.- Hemos tenido
conocimiento que muchas de estas personas han sido obligadas a salir de manera
abrupta, sin enseres, sin alimentos, muchos de ellos solo con la ropa que
llevan puesta, sus casas allanadas sin ninguna orden judicial y destruidas; en
algunos casos fueron robadas las pertenencias de aquellos pobres moradores.
4.- A ello se une el drama de ver familias
separadas, especialmente madres y padres que han sido obligadas a dejar a sus
hijos menores en territorio venezolano, y más grave aún resulta de enorme
preocupación la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a
estos ciudadanos de origen colombianos como miembros de grupos irregulares.
5.- Condenamos cualquier actuación de esta
naturaleza y hacemos un llamado a las autoridades venezolanas a aplicar todas
aquellas medidas destinadas a garantizar el debido proceso y la integridad
física de las personas, con especial énfasis en el derecho a la vida y lo
propuesto en nuestra Constitución y leyes.
6.- Expresamos nuestra preocupación porque persisten
las denuncias sobre un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte
de agentes de seguridad del Estado, encargada de realizar dicho operativo. En
un estado democrático de derecho y de justicia, no es posible aceptar que en
aras de la defensa nacional, la seguridad y la soberanía, se hagan
procedimientos militares de alta peligrosidad contra la población civil.
7.- Hacemos un llamado a las autoridades garantes de
los Derechos Humanos de ambos países para que este problema que nos afecta a
todos, tenga una rápida solución y que no se convierta en un problema político
o ideológico, ni en una ocasión para promover la xenofobia o el desprecio de
ningún ciudadano por razón de su origen.
8.- Nos solidarizamos con los millones de
colombianos que han hecho vida en nuestra patria y nos han enriquecido con sus
virtudes y capacidades. No hay familia venezolana que no tenga vínculos
consanguíneos, de afinidad, de trabajo o de cualquier otra índole con nuestros
hermanos colombianos lo que nos ha permitido vivir en fraternidad. A todos los
familiares de las víctimas, les expresamos nuestra solidaridad y oración en
estos momentos de tristeza y dolor. Pedimos a todos orar intensamente y
colaborar con nuestros hermanos evitando cualquier estigmatización.
9.- En estos dolorosos momentos hacemos un llamado a
la sensatez y a la calma. Que la condición de cristianos de la inmensa mayoría
mueva las fibras de la solidaridad, de la misericordia, del perdón, y
desterremos todo lo que nos lleve al desprecio, a la violencia, o a la guerra.
Pedimos perdón porque los hechos y dichos sobre nuestros hermanos colombianos
no representan el sentir de nuestro pueblo.
Exigimos
Que se restituya la normalidad cuanto antes, pues
son más las penurias y zozobras que viven quienes habitan a ambos lados de la
frontera, y no sólo a ellos, sino a toda la población de los dos países que
siguen con estupor el desarrollo de los acontecimientos, a todas luces,
denigrantes de la condición de seres civilizados y hermanos.
Devolución de bienes: muchas de las personas
deportadas no han podido llevarse sus pertenencias que han quedado en el
territorio venezolano, es de justicia devolver a quienes pertenecen los bienes
inmuebles y de demás rubros; es urgente que la familia se reunifique en la
totalidad de sus miembros para evitar una crisis humanitaria por deportaciones
masivas, para ello deseamos como venezolanos ver la respuesta del Poder Moral
en pleno, no justificando acciones, sino trabajando para que se respeten los
Derechos Humanos de todos los ciudadanos, sean Venezolanos o Colombianos.
Sabemos de los dolores y tristeza en tantas personas
que han sufrido y siguen sufriendo por estas acciones. Expresamos nuestra
solidaridad y esperanza en estos momentos de angustia. Los ciudadanos
venezolanos nos sentimos hermanos del vecino país, nunca han sido extraños,
sino que tenemos una historia común. Estas acciones efectistas deben ponernos a
reflexionar sobre el futuro de nuestro país, sobre las responsabilidades de la
dirigencia política y militar en la conducción de nuestra nación, sobre la paz
interna y lo que queremos y anhelamos los venezolanos.
EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE
TODOS SUS CIUDADANOS INCLUYENDO LOS EXTRANJEROS BAJO SU JURISDICCION
En Caracas, a los 28 días
del mes de Agosto del 2015
+Mons.
Roberto Lückert León + Mons. Baltazar Porras Cardozo
Presidente Presidente
Oficina de Justicia y Paz Comisión de Pastoral Social- Caritas
